Descontrol de la construcción ilegal

Hasta mediados de agosto, los agentes del área de Medio Ambiente de la Policía Autonómica han formulado 43 atestados, que dieron lugar a 73 detenciones relacionadas con la ordenación del territorio. Además de éstas, los funcionarios redactaron nueve informes y dos actas de denuncias por edificar en terrenos no urbanizables en casi un centenar de obra inspeccionadas.

Los casos son variopintos. Van desde pequeñas casas de apenas 60 metros cuadrados hasta enormes mansiones de 400 metros, con varias hectáreas de parcela, según la policía. La mayoría de las detenciones son de particulares, aunque también hay algunas actuaciones contra promotores inmobiliarios e incluso arquitectos, entre los que hay cuatro o cinco arrestos por su presunta connivencia en la urbanización irregular de terrenos inspeccionados.

Con el Código Penal en la mano (artículo 319), los promotores, constructores o técnicos directores se enfrentan a penas de seis meses a tres años de cárcel, multa económica de 12 a 24 meses e inhabilitación para la profesión, también de seis meses a un año por construir en parcelas no autorizadas destinadas a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o parajes protegidos. La pena se rebaja de seis meses a dos años si se construye en suelo no urbanizable. Y hay precedentes. Recientemente, la Fiscalía pidió 16 meses de cárcel para un promotor de Cártama.

El municipio ha estado este año en el ojo del huracán. Se calcula que en la localidad hay más de 3.000 expedientes abiertos por delitos de esta índole. En una primera oleada, a primeros de año, la policía repasó una veintena de obras; prácticamente todas acabaron denunciadas y sus promotores, arrestados. Hasta 31 personas fueron detenidas e imputadas en un primer intento de ponerle puertas al campo. No fue, ni mucho menos, la última actuación en la comarca del Guadalhorce.

En otra especie de redada urbanística, la policía apresó a otras 20 personas como presuntos autores de un delito contra la ordenación del territorio, al haber sido supuestamente las promotoras de la construcción de unas 20 edificaciones en suelo no urbanizable en Cártama. Al parecer, existe un convenio para levantar el hospital comarcal precisamente en esa finca.

No hay que irse muy lejos para encontrar el precedente más próximo en el tiempo, que además levantó una polvareda institucional y vecinal. En junio, se ejecutó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ordenó el derribo de una casa de 30 metros cuadrados en la finca El Ratón, lo que supone la tercera demolición en Cártama desde 2003.

De lo que no existen antecedentes es de semejante número de detenidos por delitos urbanísticos. El año pasado, por ejemplo, la actuación policial se centró en la inspección de las obras; se elevaron unos 80 informes sobre posibles irregularidades en la construcción a la Fiscalía y se realizaron al menos cuatro detenciones en Málaga.

Sin embargo, en lo que va de año, los arrestos ya ascienden a 73 tan sólo en la provincia de Málaga, ya que es la propia policía la que investiga a fondo las posibles anomalías detectadas y, en última instancia, la que judicializa los asuntos. Si se mantiene la tónica de los ocho primeros meses del año, la actual campaña inspectora acabaría con un centenar de personas imputadas.

Aunque la localidad de Cártama se ha llevado la palma, donde se ha intentado poner freno a un descontrol latente de la edificación clandestina, la Policía Autonómica ha realizado actuaciones en municipios como Cútar, Carratraca, Yunquera, Gaucín o Málaga capital en lo que va de año. «Lo que se pretende es que cunda el ejemplo y se cumpla la legalidad urbanística», apostilla San Andrés.