Fiscalía solicita cárcel para el Alcalde de Gaucín

El alcalde en funciones de Gaucín, Francisco Corbacho, se enfrentará a una pena de un año y medio de prisión, al acusarle la Fiscalía de Málaga de los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, por disponer, presuntamente, de fondos municipales desde 2002 "que pensaba manejar en su propio beneficio y luego restituir".

La Fiscalìa también ha solicitado una pena de 13 años de inhabilitación para cargo público, por no facilitar a los miembros de la corporación municipal la información sobre los mandamientos de pago e ingresos que le requirieron.
Por su parte, la acusación particular ejercida por el Partido Popular pide una condena de seis años de cárcel.

Los hechos por los que ha sido procesado Francisco Corbacho se remontan al año 2002, cuando entonces representaba al PSOE como independiente.
A finales de diciembre de dicho año, "decidió aprovechar la ausencia por vacaciones del secretario-interventor para disponer de fondos municipales que pensaba manejar en su propio beneficio durante un corto periodo de tiempo y luego restituir", para lo que ordenó liberar diversos mandamientos de pago, de cuantías comprendidas entre los 10.000 y los 22.000 euros, "con el pretexto de negociar la adquisición de terrenos de interés municipal", según explica el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales.

Para ello, "prevaliéndose de su condición de alcalde", entre los meses de diciembre de 2002 y enero de 2003, ordenó librar diversos mandamientos de pago con cheques al portador firmados por él mismo.

Los cheques presuntamente se emitieron contra las cuentas corrientes del Ayuntamiento y en vez de ser nominativos, el procesado dispuso que se extendieran al portador, "presentándolos él mismo al cobro y quedándose con el dinero", según la Fiscalía. Para la acusación pública, entre los meses de diciembre de 2002 y de enero de 2003, el acusado, que obtuvo la mayoría simple en las últimas elecciones municipales encabezando la lista del PA, llegó a disponer de unos 200.000 euros. La consecuencia fue que a finales de enero de 2003 el Ayuntamiento de Gaucín carecía de liquidez suficiente para hacer frente a los gastos corrientes y de personal, por lo que la situación fue denunciada a la Fiscalía.

El día 10 de febrero de 2003, tras saber que sus compañeros de partido iban a pedir su dimisión y denunciarlo ante la Guardia Civil por estos hechos, se reunió con ellos y se comprometió a devolver el dinero, recurriendo a amigos y parientes para reunir de forma apresurada el dinero, que reintegró a las arcas municipales.

Posteriormente, el alcalde, mediante decreto, denegó la entrega a los miembros de la corporación de la documentación sobre estos movimientos de dinero.
Tuvo que ser la secretaria la que convocara el pleno, aunque el regidor se negó, según sigue el relato del ministerio público, a la entrega de la documentación requerida por los concejales que pidieron el pleno, que se constituyó pero fue suspendido, tras un discurso de 10 minutos, por el procesado, que levantó la sesión, "impidiendo así que se entrara a debatir" el punto del orden del día y pidiendo a la Policía que "desalojara" el salón.